1. Introducción

Dentro de los procesos de selección de contratistas para el sector estatal, uno de los requisitos habilitantes y en algunas ocasiones ponderables, es el uso de hojas de vida de profesionales (como requisito habilitante o técnico, y en algunos casos factor de calidad). Sin embargo, en ocasiones, y sin la debida autorización del profesional se realiza la presentación de la hoja de vida, porque, por ejemplo, trabajó previamente en la entidad y cumple el perfil; porque se le realizó un proceso de selección donde se le solicitaron documentos, pero no se le contrató, o porque se accedió al documento de forma ilícita.

Con la presentación de éste documento, existe una problemática silenciosa que perjudica al profesional, a la entidad y a la comunidad. Actualmente la información que se encuentra sobre este tema hasta el momento es poca y ante la problemática que se expondrá, no existe una ruta de solución. Este documento reúne información de cómo darle manejo a este inconveniente, para lo cual se propone una interacción entre el SECOP y demás plataformas donde cualquier
profesional puede revisar si se encuentra vinculado a alguna entidad estatal de manera directa o indirecta es decir por medio de una empresa contratista.

Para adentrarnos en este tema, es indispensable, hablar sobre el ADRES, el RUAF y el SECOP II.

2. ¿Qué es el RUAF?

El Registro Único de Afiliados RUAF es un sistema que inició con la Ley 797 del 2003, y que contiene el registro de los afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social. En él, podemos encontrar el historial de afiliación a salud, pensiones, ARL -Afiliación a Riesgos Profesionales y cesantías de cada ciudadano; y que busca mitigar la multiafiliación de empleados, identificando y controlando la evasión y elusión de aportes y manteniendo un registro actualizado de los aportantes y beneficiarios. (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.).

3. ¿Qué es el ADRES?

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES se define como una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente (ADRES, s.f.). La entidad es asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado. La ADRES fue creada con el fin de garantizar el adecuado flujo de los recursos y los respectivos controles.

Dentro de sus funciones el ADRES se encuentra la administra la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, que suministra la información para el reconocimiento de los pagos periódicos que se le hace a las EPS por aseguramiento en salud de los colombianos, por lo cual en esta plataforma se puede conocer a que EPS se encuentra afiliado cualquier ciudadano.

4. ¿Qué es el SECOP?

El Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) es la plataforma utilizada por las entidades estatales para manifestar la necesidad de compra de productos, bienes y servicios; en esta plataforma se debe publicar la documentación desde la concepción del proceso incluyendo estudios previos y demás documentos que soportan la necesidad, igualmente, se publica en todo lo referente a formatos, pliegos e invitaciones, Certificados de Disponibilidad Presupuestal – (CDP), anexos, y toda la información que soporta la adquisición de ese bien, producto o servicio que se obtuvo; adicionalmente, se debe publicar toda la etapa contractual hasta su liquidación, es decir aquí debe reposar todos los documentos del proceso y estos pueden ser consultados por cualquier ciudadano. El SECOP tiene dos subsistemas; el SECOP 1 y SECOP 2.

SECOP 1, es un sistema que sólo permite la publicación, y su debilidad consiste en que no permite a los proveedores interacción directa con las entidades estatales ni con la plataforma en sí, sin embargo, debe alojar la información del proceso completa, y su publicación es responsabilidad de la entidad. (Colombia Compra Eficiente, s.f.).

SECOP 2, es la evolución del SECOP 1, ya que es una plataforma transaccional que permite tanto a entidades como proveedores la interacción entre las partes por medio de la misma. Aquí, debe de igual manera evidenciarse la documentación de toda la etapa precontractual, contractual y poscontractual del proceso, adicional, en esta plataforma se publican las ofertas de los oferentes, y éstas quedan alojadas para dominio público, permitiendo
que cada proceso sea visto por los usuarios del SECOP, por otros oferentes, por los administradores de la plataforma y por la ciudadanía en general. 

5. Problemática

Como podemos evidenciarlo, tenemos diferentes plataformas independientes, las cuales nos brindan información necesaria, pero de manera individual, y que comparten la característica de ser dominio estatal; por lo que se considera que puede plantearse el integrar en el SECOP una pestaña de búsqueda de información ligada al RUAF y a la ADRES; en donde tanto los profesionales, como los funcionarios públicos y entes de control, podrían verificar con número
de cedula y fecha de expedición, la situación laboral actual de cualquier persona en relación con el Estado. En este caso, sería necesario que, al iniciar la ejecución del contrato la Entidad Estatal ingrese los datos y registre a los profesionales que componen el equipo técnico del proponente ganador; y así, tanto la ciudadanía como las mismas entidades podrían constatar si el profesional labora en varias entidades, bajo que modalidad de contrato, que contratista los tiene afiliados y bajo que amparo de ARL.

Lamentablemente, una de las problemáticas que aún no ha tenido solución es la utilización de hojas de vida de profesionales como equipo técnico para procesos licitatorios sin previa autorización del mismo; ahora bien, la situación es aún más grave, cuando se suma el hecho de que no se remplaza el perfil al momento de la adjudicación y de la ejecución del contratos, sino que éste continúa documentalmente vinculado al proceso, con cargo, asumiendo responsabilidades, firmado documentación y avalando trabajos que no ha realizado.

Siendo el SECOP II, una plataforma de interacción que busca la publicidad y la transparencia del sector de la contratación en Colombia, se ha dejado a un lado a los profesionales que ejecutan los contratos y ni se ha abordado de manera efectiva el problema, ni se han dimensionado las consecuencias en un posible colapso o incumplimiento.

Los profesionales victimas de esta mala práctica, se enteran de los sucesos por factores externos como la no prestación de un servicio de salud por el incumplimiento del pago de seguridad social de una empresa en la cual no laboran, o por responsabilidades fiscales a las cuales se encuentran vinculados, pero nunca pertenecieron al proyecto, sino que su identidad fue suplantada.

En Colombia, se conocen diferentes casos de uso de datos personales sin autorización previa, el 28 de marzo de 2021, la Unidad Investigativa El Tiempo, publicó un artículo en el que una joven Ingeniera civil con maestría en hidráulica, aparece en documentación oficial de la Entidad como Directora de Interventoría, para un proyecto de gran envergadura que en su momento llevaba 14 meses de ejecución, la documentación demuestra que el nombre de la ingeniera está ligado a la interventoría de la conexión domiciliaria en Chocontá, El Peñón, La Vega, Albán, Chocontá, Sibaté, Facatativá y Nocaima, entre otros municipios, en este caso la ingeniera sabia de la postulación pero no fue contratada para el cargo, aun así este contrato se ejecuto por mas de un año, donde ella “firma como directora de esta interventoría”.

Otro caso conocido fue descubierto por medio de la EPS Salud Total, debido a que una funcionaria de la EPS se comunico con la trabajadora para informarle que estaba en mora con el pago de sus aportes, al indagar en el tema se enteró que estaba registrada laboralmente para el contrato de “recuperación de cauces de los ríos Tua y Charte, mediante acciones de dragado que buscan mitigar fenómenos de socavación y erosión hídrica en los municipios de Monterrey, Aguazul y Yopal” (El Tiempo, 2021). La profesional se comunicó con la empresa que registraba la mora y la respuesta obtenida fue que era un error de digitación, aun así, al comunicarse con la entidad contratante esta informo que su hoja de vida esta dentro de los perfiles propuestos por el contratista. Adicional a esto se obtuvieron documentos donde aparece una firma que no es la de ella y al menos cinco certificaciones de experiencias donde se simula que fueron expedidas por alcandías y por otras uniones temporales en las cuales ella nunca estuvo vinculada.

Recientemente se presenta otro caso de estos mismo, una Ingeniera Civil, Especialista en Recursos Hídricos, se presentó a retirar unos medicamentos de uso frecuente donde la EPS le manifestó que no le serian entregados debido a la mora que presentaba, ella hace más de 5 años que no labora como profesional y es dependiente de su esposo, por lo cual ella se acercó a una oficina de la EPS y allí le informaron el nombre de su empleador, siendo una empresa para la que había laborado previamente, pero con quienes no laboraba desde hacía más de 10 años. Al comunicarse con la empresa, le informaron que era un error y se comprometieron a retirarla, pero 4 meses después ocurrió el mismo inconveniente en la entrega de los medicamentos, por lo que la profesional realizó una búsqueda de los procesos en SECOP 2, sin ningún éxito; y posteriormente revisando el RUAF pudo darse cuenta de que un mes antes habían hecho cambio de ARL, así solicito ante la ARL certificado de afiliación, figurando como empleador la misma empresa con una caja de compensación ubicada en Arauca; así que la profesional viajó desde Bogotá hasta Arauca a investigar, y después de dos días pudo corroborar que se encontraba vinculada a la ejecución de un contrato de interventoría para la construcción, ampliación y reposición de redes de alcantarillado sanitario en sectores de las comunas 3,4, y 5 del municipio de Arauca, departamento de Arauca.

Amparados bajo en principio de la buena fe, las Entidades Estatales evalúan con la documentación aportada por el proponente, pero no hay un procedimiento establecido para la verificación de estos documentos, y con el simple hecho de aportarlos cumpliendo con las características que relacione el pliego de condiciones, estos documentos favorecen la decisión de a quién será adjudicatario del contrato.

Cuando se hace pública una suplantación, todo queda en el tintero, ya que el contratista se escuda en un error de digitación, realiza la actualización de la información frente a la entidad y cambia de profesional, pero las víctimas no tienen un procedimiento o un paso a paso que puedan seguir para actuar frente a estos casos, ya que es difícil conocer de estas suplantaciones y aun peor, denunciarlas.

6. ¿Qué debe hacer el profesional suplantado?

Inicialmente el profesional debe tomarse el trabajo de reunir la documentación que tenga a su disposición, de EPS, plataforma del SECOP, ARL, y demás documentos probatorios de su situación; adicionalmente, debe comunicarse por medio de un derecho de petición con la Entidad, solicitando la documentación del proceso, ya que en algunos casos no se encuentra en el SECOP II información como la propuesta del contratista, actas de avance de obra, liquidaciones
o informes donde posiblemente encuentre su firma.

Posteriormente debe ingresar a la pagina del RUAF donde puede descargar su historial, es decir la información consignada por EPS, ARL y cajas de compensación, donde podemos visualizar en que fechas se estuvo afiliado para así solicitar el certificado y conocer quién es el empleador y si esto coincide con información suministrada por la entidad. Teniendo toda la información puede solicitar a la entidad que expida copias a los entes de control o realizar la denuncia formal como afectado directo de la suplantación, para el restablecimiento de sus derechos y garantía de transparencia de los proyectos no solo en la parte precontractual, sino también en la contractual y poscontractual; ya que si en alguna de estas obras se presenta una calamidad o ésta tiene incumplimiento, los profesionales estarían vinculados a los proceso con todas las consecuencias legales que implique, y se generaría una bola de nieve donde la causa raíz sería el incumplimiento a los principios que fundamentan la contratación estatal en Colombia, entre ellos, los principios de economía, selección objetiva, transparencia, encontrando que la entidad no habría realizado una evaluación de oferta idónea, y con el agravante de que la suplantación de identidad es un delito penal.

Solicitarle a la entidad Estatal que realice llamadas para verificar las experiencias es absurdo ya que los números telefónicos pueden ser del personal vinculado a la misma empresa o números inexistentes, si Colombia Compra Eficiente implementara una base de datos que reúna los registros del RUAF y los alimentados por la entidad estatal, podría cualquier ciudadanos no solo verificar que se encuentra activo o no en algún contrato si no que las entidades estatales
podrían verificar si estos profesionales se encuentran vinculados a alguna otra entidad.

Queda entre dicho el sector privado, ya que estas experiencias no son sencillas de verifica, pero si se logra implementar la metodología nombrada anteriormente se puede generar un punto de control y mitigar esta problemática. 

Bibliografía

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